Los costos para hacer negocios en México se han incrementado, empezando por la prevalencia y consolidación de una economía basada en la extorsión (De la Calle, 2020) y culminando por la necesidad de que las empresas replanteen y se vean obligadas a fortalecer sus esquemas de seguridad. Desarrollar capacidades para disuadir criminales o contener e interrumpir las agresiones directas, ya no es lujo sino necesidad. Al final, las carencias en materia de respuesta institucional han dejado a los empresarios solos. Y no sólo va en lo monetario; el desgaste sobre las estructuras operativas es significativo y las empresas también deben preparar a su personal para lidiar con su entorno. Tener claridad de los valores, principios básicos y políticas de las empresas respecto a qué hacer frente a amenazas o interacciones con delincuentes, es fundamental para mantenerlas al margen de acciones que pudieran poner en peligro su reputación y su operación.
En el Panorama de julio hicimos referencia sobre el riesgo que tienen las empresas frente a las estructuras del crimen organizado, no sólo por factores de seguridad patrimonial o ejecutiva, sino por la posibilidad de sucumbir ante la influencia que generan en sus sectores. El artículo de Idalid Sharpe nos recuerda que las organizaciones, más que nunca, deben ser cuidadosas de no tolerar la delincuencia solo porque es la “normalidad” en sus contextos de operación y tienen que estar vigilantes de no caer en complicidad (inconsciente) porque la dinámica criminal se haya vuelto un factor de competencia.