Cerramos marzo y empezamos abril con noticias que exponen la escasez de agua a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y no es un factor que debiera sorprendernos, cuando por años se han observado señales de estrés hídrico en algunas zonas del país. Ahora, sin minimizar la problemática, hay que entender que no es el único factor que debiera (pre)ocuparnos en torno a la disponibilidad del agua, especialmente cuando las restricciones aumentan, incluso en lugares donde el problema no es la falta del vital líquido.
El riesgo de ser privados del acceso a recursos hídricos, crítico para la continuidad operativa, también proviene de factores en los que, como empresas, se puede influir y por tanto disminuir la probabilidad de padecer restricciones en el uso de agua. Si la escasez es real y grave, los factores se potencializan, pero tengamos en cuenta que las condiciones de infraestructura, la voluntad política y las presiones sociales juegan un rol fundamental, incluso si no es época de sequía. Estos tres factores deben ser analizados en cada espacio de operación, entendiendo diferencias culturales, geográficas e ideológicas (por su historia), para identificar espacios en los que las empresas puedan establecer la Agenda.
La sensibilidad del tema puede crear escenarios en los que factores sociales y políticos se salgan de control y se vuelva imposible operar. Hay que identificar a los actores que, por intereses ajenos al cuidado del agua, puedan ejercer presión a través de grupos impulsados por el miedo, referencias históricas y/o la desinformación. No es sólo que haya o no agua. Si las comunidades “perciben” que no hay, incluso si es por carencias de infraestructura o la incapacidad de las autoridades para administrar, es suficiente razón para esperar que las empresas sean señaladas como la causa y por ende el actor a responsabilizar.